México: Corrupción Explosiva, el negocio de la pirotecnia clandestina
México: Corrupción Explosiva, el negocio de la pirotecnia clandestina
November 08, 2016 0 Comments

Por cuatro o cinco mil pesos, es posible realizar en el país cualquier actividad pirotécnica sin permiso ni supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, como marca la ley…

La dependencia reveló a Crónica casos de corrupción en los que funcionarios locales solicitan dinero para avalar quemas patronales, así como para fabricar, vender, comprar, transportar y almacenar material explosivo.

“Las personas son engañadas por personal de Protección Civil de los municipios, que les dicen: no necesitas el permiso de la Sedena, con el mío ya te dejo vender, y la gente sí se pone”, denunció el capitán Humberto Zepeda, jefe de la subsección de artificios pirotécnicos de la Secretaría.

“Dame cinco mil y ya”, es el gancho.

“Se ha detectado que con esa conformidad del municipio, la ciudadanía piensa que ya puede manejar el material, que ya se puede ponerse a trabajar, ya sea a fabricar o a vender”.

— ¿Estamos hablando de corrupción de autoridades locales? —se le cuestionó.

—Así es, pero los que terminan pagando las consecuencias son los engañados, porque a ellos se les descubre comercializando el material.

— ¿Y han detectado casos de militares que también pidan dinero para avalar pirotecnia sin permiso?

—No, sólo se han encontrado casos en los que permisionarios se quejan de excesos cometidos por personal militar, por ejemplo, cuando se les descubre material extra del que tienen permitido, y aunque lo acaben de comprar, para el inspector militar ya representa una irregularidad.

Al año, la Sedena mantiene un ritmo sólo de diez permisos cancelados, tanto por abandono de instalaciones pirotécnicas como por omisiones graves en medidas de seguridad. Su política ha sido emitir breves suspensiones y dar tiempo para corregir irregularidades. El argumento es que no desea fomentar la clandestinidad.
“Las autoridades federales tienen que estar muy pendientes del aumento y uso descontrolado de pólvora en los pueblos, de qué es lo que está pasando y poner ya un control en la cantidad del material y en el modo en el cual se utiliza”, sostiene la doctora Georgina Flores, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y su alerta encuentra respaldo en la iglesia…

“Todo recae en las instancias militares y civiles, saben dónde y por qué motivo se echan cohetes, conocen las fechas de las celebraciones patronales, entonces que pongan orden o incluso restrinjan cuando no hay permiso, si no lo hacen incurren en negligencia”, dice Reynaldo Osorio, cura de Nativitas, Tlaxcala.

DE PUEBLO EN PUEBLO. En las verbenas, mientras retumban tamboras y dianas a ritmo de “Nereidas”, mientras se acaban los churros y se ofrecen a los músicos agasajos de pápalo y carnitas, hay quien ya ha comenzado a prevenir a los vecinos sobre la fatalidad de acarrear cohetes durante las procesiones y de prenderlos sin conocimiento.

Así ha ocurrido en San Juan Teoloyucan, Estado de México, un pueblo de constantes humaredas y confetis en honor al Señor del Perdón.

“Aquí en el pueblo nos hemos acostumbrado a que cuando no hay nadie que truene los cohetes, cualquiera lo hace, pero es tiempo de que las cosas cambien para evitar sustos y arrepentimientos; los que deben prenderlos son los que vienen a quemar el castillo, ellos deben tener permiso de Sedena”, expresa Roberto Hernández, de oficio albañil, pero quien otros años se ha propuesto como cohetero patronal.

FUTURO. Hoy lo que urge, dicen académicos y expertos, es darle un vuelco a la ley que rige la pirotecnia en el país, y más aún, impulsar una norma especializada en el tema y un reglamento que acabe con la disparidad de criterios dentro de la Sedena sobre multas, sanciones y requisitos.

“La ley actual está muy atrasada, hay que renovarla, o de plano diseñar una exclusiva para pirotecnia, con todo y su reglamento, porque hoy lo que hace la Defensa es multar y castigar de acuerdo a los criterios individuales de sus inspectores, no hay igualdad de derechos”, afirma Carlos Sedano, director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, único órgano regulador a nivel estatal.

— ¿Qué lineamientos esenciales debería considerar una nueva ley? —se le cuestiona.

—En principio debe regular la cantidad y pureza de los elementos químicos usados para fabricar pirotecnia. Hicimos un estudio de laboratorio en la Facultad de Química de la UAEM y comprobamos que los distribuidores realmente no entregan el producto puro, y eso afecta. Y además la ley necesita contemplar estrategias contra la venta ilegal.

— ¿La de las tienditas de la esquina?

—Sabemos que los cohetes se venden en casas particulares, es violatorio a la ley. Los actores que intervienen en este proceso no se dan cuenta del peligro que representa para las personas. Entiendo que hay necesidades económicas, pero hay que buscar otras maneras de hacer llegar dinero a las casas.

Un nuevo marco jurídico, enfatiza, no tendría que olvidar el control de precios, “tanto de productos químicos como de pirotecnia, porque en la actualidad cada quien pone el precio que quiere y no hay ningún referente de calidad. Lo mejor para el mercado sería garantizar que la arañita, el patito o cualquier otro juguetito funcionan igual, desde el primero hasta el último”.

Sobre este tópico, en la Sedena predomina la cautela…
“No nos toca decir sí es necesario o no un ajuste, eso lo tendrían que ver las autoridades correspondientes, el Poder Legislativo, de acuerdo a las necesidades de la vida cotidiana.

Nosotros sólo nos abocamos a la aplicación de lo que ellos nos dejan en la mesa”, opina el Mayor Francisco Alcaraz Rodríguez, asesor jurídico de la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

Ellos, los que han sufrido el tormento de la muerte y la soledad, tienen su propio consejo…

María Silvia Pérez, cuyo esposo murió durante una explosión cohetera, dice: “A la gente, a los otros pueblos, les diría que ya no quemaran cohetes, que aprecien lo más importante de su vida: los seres que aman, que no les pase lo que a mí: ahora estoy sola, y así es muy difícil luchar”…

El dato
Multas

Aunque la PGR es la encargada de integrar las indagatorias por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que pueden terminar en sentencias de hasta 30 años de cárcel, la Sedena está facultada además para imponer multas de entre 100 y 200 salarios mínimos, según las irregularidades cometidas por permisionarios o coheteros fuera de registro.

FUENTE: Crónica

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